Abraham Montes Magaña
Es Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y Maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Latina de América (UNLA).
En materia laboral, fue colaborador por diez años en diversas áreas del Poder Legislativo del Estado de Michoacán, desde meritorio en el Centro de Investigación y Estudios Legislativos, hasta ocupar funciones de Jefe de Sección; Secretario Técnico de Comisión Legislativa; y Asesor Parlamentario.
En 2015, fue designado por el H. Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas del Estado, posteriormente ocupó la Dirección General Adjunta de Apoyo Jurídico Institucional de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal, cargo cuya principal actividad fue la vinculación y el enlace con la Secretaría de Gobernación Federal, para atender los asuntos relacionados con el Senado de la República y la Cámara de Diputados.
Cuenta con diversas capacitaciones por parte de la Embajada Británica en México; de la Secretaría de la Función Pública Federal; de la CNDH; del INAI; del Departamento de Justicia de los EUA; de la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal; de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID); entre otros.
Asimismo, ha participado en diversos foros nacionales e internacionales y cuenta con una obra literaria titulada “La evolución y los retos del acceso a la información en México”, de la editorial española Tirant Lo Blanch.
En 2021 fue designado por el H. Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, Comisionado del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IMAIP), donde actualmente se desempeña como Comisionado Presidente.
Cabe señalar que de noviembre de 2022 a noviembre de 2023 se desempeñó dentro del Sistema Nacional de Transparencia, como Coordinador de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas, cuya función principal fue coordinar a los 32 Institutos de Transparencia del país y a los más de 100 comisionadas y comisionados locales.
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